Fundamentación y antecedentes

Fundamentación y antedecentes

De acuerdo a lo establecido por el Estatuto de la Universidad Nacional Arturo Jauretche que en su Artículo 4° fija los fines de la UNAJ: en el inciso N° 2 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, transfiriendo tecnologías; elevar el nivel sociocultural, científico, político y económico formando personas reflexivas y críticas que respeten el orden institucional y democrático y desarrollen valores éticos y solidarios; en el Inciso N° 5 Organizar, coordinar y desarrollar programas y actividades de cooperación comunitaria y de servicio público, así como promover actividades que tiendan a la creación, preservación y difusión de la cultura; y, por último, en el Inciso N°11 “Educar en el espíritu que impregna la Constitución Nacional, en la soberanía popular como única fuente legítima de poder político, en el conocimiento y defensa de la soberanía e independencia de la Nación, en el respeto  y  defensa  de  los  derechos  humanos,  la  igualdad  de oportunidades y la no discriminación, contribuyendo a la confraternidad y a la paz entre los pueblos.” En función de dichos lineamientos creamos el Programa de Derechos Humanos de la UNAJ como herramienta para contribuir al cumplimiento de dichos fines.

Por otro lado, siendo nuestro país miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que en el 2004 formuló el Plan Mundial para la Educación en Derechos humanos, y que en sus distintas etapas promueve la colaboración de las distintas instancias educativas nacionales, entre ellas las Universidades, consideramos que este programa contribuirá al desarrollo de instancias de intercambio, visibilización de las problemáticas y capacitación entre los distintos claustros y la comunidad académica en función de los objetivos planteados.

En la actualidad la formulación del concepto de derechos humanos se ha construido y pensado de modo histórico como un medio de imposición y fijación de límites a las formas abusivas del uso del poder por el Estado, una estructura normativa sancionadora de las conductas que el Estado no debería realizar nunca, una identidad definida por la negativa del hacer, proponiendo así: no torturar, no privar arbitrariamente de la vida, no discriminar, no entrometerse en la vida privada y familiar de las personas. Asimismo, en los tiempos que dan forma a la historia reciente, el cuerpo de principios, normas, reglas, estándares constitutivos del dere[1]cho internacional que sostiene los derechos humanos ha establecido con mayor claridad no sólo las obligaciones negativas del Estado sino además, un caudal de obligaciones positivas. Se ha procedido a definir con mayor delimitación y precisión tanto lo que el Estado no debe hacer, a fin de evitar violaciones, como lo que debe hacer en orden a lograr la plena realización de los derechos civiles, políticos y también económicos, sociales y culturales. De este modo, en la actualidad los derechos humanos no son pensados tan sólo como un límite a la opresión y al autoritarismo, sino también como un programa capaz de orientar las políticas públicas de los Estados y contribuir al fortalecimiento de las instituciones de la democracia.

Nuestro país tiene una larga experiencia en la denuncia de la violación de los derechos humanos por parte del Estado. Si bien la última dictadura cívico militar constituyó el punto de inicio de muchos organismos de derechos humanos que centraron en un primer momento su trabajo en la denuncia, el conocimiento de la verdad y el pedido de justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en esos años, la agenda de derechos humanos fue ampliándose fuertemente.

Una política de Estado que tomó la defensa de los Derechos Humanos como prioritaria, nos permitió durante los últimos tres gobiernos democráticos iniciados en el 2003, no sólo un proceso de justicia que es observado internacionalmente por su importancia y profundidad, sino incorporar en la agenda pública que la promoción y la defensa de los derechos humanos incluye una extensa variedad de situaciones, tales como el respeto por derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, el respeto y la valoración de las diferencias, el rechazo de formas de discriminación, xenofobia y racismo; para lo cual es necesaria la elaboración de políticas públicas, educativas en todos los niveles que promuevan la investigación y el desarrollo de programas y planes de acción que tiendan al cumplimiento y respeto integral de los derechos humanos. Desde esta perspectiva, las políticas públicas y estrategias de desarrollo se ven reforzadas por el enfoque de derechos, promoviendo una ciudadanía con mayor responsabilidad y participación potenciando la integración, libertad e igualdad de las sociedades contemporáneas.

Las temáticas acerca de los derechos humanos se han constituido en ejes de tratamiento formal e informal en la opinión pública, en las comunidades barriales, en las familias y en los diversos niveles educativos. Concebimos a los derechos como garantía para el ejercicio de la ciudadanía y fundamentos de la democracia y la justicia social. Estos conceptos complejos en su definición y en su ejercicio, corresponden también a cuestiones que han ido cambiando a lo largo de la historia, y su puesta en acto presentan conflictos y constituyen problemas. Las dificultades para resolverlos se traducen en situaciones de desigualdad, de injusticia y de exclusión. Analizar, producir conocimientos sobre hechos, contextos históricos, cercanos y remotos, significados y concepciones políticas, nos compromete como educadores, investigadores y como ciudadanos.

Contexto coyuntural y necesidad de efectivización del Paradigma de DDHH

Ante procesos socio económicos y políticos como los vivenciados en la actualidad a nivel nacional y en la esfera regional latinoamericana, debemos profundizar este compromiso de manera clara, concretando espacios que permitan la articulación con los distintos actores sociales y las diversas organizaciones del territorio. Este programa tiene la intención de reafirmar este compromiso y aunar esfuerzos desde la preocupación por el retroceso en materia de promoción y respeto de los derechos humanos por parte del Estado nacional actual. Sólo por enumerar algunas de las muchas transformaciones negativas que fundamentan esta preocupación y ponen ciertamente en riesgo la calidad de la democracia, basta con nombrar el desmantelamiento y/o reducción de muchas áreas estatales fundamentales en la política de derechos humanos, que tenían como funciones prioritarias la investigación en áreas clave, la colaboración con los juicios en curso, el acompañamiento a testigos, entre otras, que funcionaban en instituciones tales como la Secretaría de Derechos Humanos, Banco Central de la República Argentina, Comisión Nacional de Valores. Estas medidas que son justificadas como una necesidad de “modernizar” el Estado, encubren una visión -explicitada por el propio Jefe de Estado-, que evita denominar a la última dictadura militar como “terrorismo de Estado”, y prefiere retrotraer los grandes avances que hemos realizado como sociedad, a la denominación acuñada por el propio gobierno militar de “guerra sucia”.

Por otro lado, la anulación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (contrariando por otro lado la tercera etapa del Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos que aborda especialmente la importancia de la formación de los profesionales de los medios de comunicación y periodistas) retrotrajo a la situación de concentración, monopolio y por ende escasa posibilidad de democratización de la comunicación y la producción de contenidos en Argentina. Asimismo, ha sido restringido el derecho a la protesta (que ya había sido puesta en duda a partir de la detención ilegal de una militante política en la provincia de Jujuy), a partir de la implementación del “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas”, según el cual “el orden público, la armonía social y la libre circulación son valores superiores a la integridad física, el derecho de reunión y la libertad de expresión”[2]. Este protocolo retrotrae los criterios de actuación de la fuerza pública a momentos como el años 2001 y 2002 donde contamos muchas víctimas de la violencia institucional. A sólo 9 meses de gobierno, hemos sido testigos de múltiples manifestaciones pacíficas que la fuerza pública ha reprimido con la utilización de armas y gases lacrimógenos. Sin profundizar en medidas como la declaración de la “emergencia en seguridad”, que entre otras cosas constituye una forma velada de instalar de la pena de muerte sin juicio previo.

Por otro lado, la preocupación se hace aún más profunda, cuando comenzamos a percibir fuertemente las consecuencias de políticas económicas de endeudamiento externo, apertura comercial y baja de las retenciones en sectores claves de la economía, lo cual no sólo implica un desfinanciamiento del Estado, sino que principalmente afecta la vida cotidiana de miles de personas que ven muy amenazadas sus posibilidades de vivir dignamente.

En este contexto, es necesario retornar a la ciudadanía de la interdependencia, de la reciprocidad y de la solidaridad. Este cambio conceptual se nutre de la comprensión analítica y crítica de los procesos sobre los derechos humanos, entramados en una cultura y sociedad particular que se nutre e interactúa al mismo tiempo con la sociedad global.

[1] Ver: Victor Abramovich “Los Estándares Interamericanos de Derechos Humanos como Marco para la Formulación y el Control de las Políticas Sociales”. En Anuario de Derechos Humanos 2006.

[2] Ver: CELS. “Derechos Humanos en la Argentina. Informe 2016”, Siglo XXi Ed, 2016, pag. 17.